Europa quiere endurecer las penas a cibercriminales. Una nueva directiva acordada por los miembros del Parlamento propone sanciones diferenciadas para cada tipo de delito informático.
Las renovadas normas (la normativa vigente es de 2005) también contemplan el impulso de la coordinación entre países inmediatamente después de que se produzca un ataque.
Por razones obvias, las personas tras ataques informáticos a infraestructuras críticas se enfrentarán hasta a cinco años de prisión. Europa penará también la utilización de botnets, que pueden infectar un gran número de equipos– con tres años de prisión.
La directiva, por su forma jurídica, vinculará a los estados de la Unión y su infracción incurre en responsabilidades ante autoridades comunitarias, que podrán imponer medidas restrictivas. Es poco probable que esto ocurra, atendiendo a los intereses que hay en juego.
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