Falta de transparencia
Hasta la aprobación de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, España era uno de los pocos países europeos que no habían regulado este apartado, junto a Grecia, Chipre, Malta y Luxemburgo. La importancia de Internet aparece reflejada en el artículo 8, donde se habla de un Portal de Transparencia que facilitará a los ciudadanos el acceso a la información de carácter público.
Esto no significa que los españoles vayan a tener al alcance de su ratón todos los documentos que su curiosidad estime oportuno, ni mucho menos. “Este proyecto prevé la publicación de cierta información económica de altos cargos y máximos responsables de ciertas instituciones, pero en ningún caso prevé la publicación de los salarios de cualquier funcionario público”, explica Samuel Parra, de ePrivacidad.
Además, el ciudadano tampoco lo tendrá fácil, ya que será el órgano del que quiera conocer información el que decida si le concede o no el acceso a dicha información, tras sopesar si se vulnera o no el derecho a la protección de datos de carácter personal. En este sentido, Parra opina que “lo ideal sería otorgar el derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental, lo que supondría, para empezar, que este proyecto se tramitara como Ley Orgánica”.
Pero la escasez de transparencia no es exclusiva del Estado. Las más de 100 empresas que forman parte de la Bolsa de Madrid, por ejemplo, omiten datos de carácter financiero en sus informes económicos o ponen dificultades para que los ciudadanos (y entre ellos, sus accionistas) puedan acceder a esa información, tal y como se desprende del último Informe Reporta, elaborado por la consultora Deva, que mide y compara la calidad de la información pública proporcionada por estas compañías.
En la misma línea, la Fundación Compromiso Empresarial publica cada año el informe Construir Confianza, que analiza la transparencia de 50 fundaciones empresariales y 25 familiares en función de la información que publican en sus páginas web. Estas instituciones también se han visto salpicadas últimamente por algunos escándalos, como el del Palau de la Música Catalana, cuyos gestores protagonizaron un desfalco de más de 30 millones de euros. Pues bien, el último informe revela que existe opacidad en las áreas más críticas de estas instituciones, es decir, en lo relativo a la información económica y a las áreas de patronato y gobierno.
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