La Autoridad italiana para la Protección de la Privacidad ha dictado una resolución por la que establece que las empresas no pueden vigilar qué hacen los usuarios de los programas de intercambio de archivos P2P y ha recordado que la normativa europea sobre telecomunicaciones prohíbe a las compañías privadas realizar controles masivos de datos de los ciudadanos.
La polémica se desató cuando la compañía discográfica Peppermint contrató los servicios de una firma suiza para vigilar las redes de archivos entre particulares, conocidas como P2P. Ambas empresas usaban programas informáticos para descubrir un gran número de direcciones IP, para identificar a los usuarios de los programas de descarga de datos de cara a una posible demanda.
Tras realizar una exhaustiva investigación sobre el caso, la Autoridad italiana para la Protección de la Privacidad, además de desacreditar a Peppermint, ha sentado jurisprudencia al dictar que es ilegal la posibilidad de identificar a los usuarios de las redes P2P.
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