La futura ley afectaría a un total de 40.000 entidades entre las que se incluyen los buscadores de internet, empresas proveedoras de energía, bancos e instituciones financieras, mercados de valores…
Entre los puntos destacados de la propuesta está la idea de obligar a esas empresas a informar a los gobiernos de los países donde operan cada vez que sufran cortes en sus servicio. Además, en caso de no hacerlo tendrían que pagar una multa que decidirían las autoridades de cada país. Eso sí, conviene aclarar que las pequeñas empresas se librarían de tener que atenerse a las nuevas normas si finalmente son aprobadas.
El Parlamento Europeo y los presidentes de los 27 gobiernos de la Unión Europea deberán revisar la ley y proponer los cambios que consideren oportunos. En total, si finalmente se acaba aprobando la nueva legislación el proceso tendrá una duración estimada de dos años.
Desde las autoridades comunitarias han indicado que los sistemas de información pueden verse afectados por incidentes de seguridad originados por errores humanos, desastres naturales, fallos técnicos o ataques maliciosos, a la vez que recuerdan que la incidencia de esos sucesos es cada vez más elevada.
Ante ese panorama en la Unión Europea consideran que las actuales leyes de ciberseguridad no son suficientes y es necesario que se cambien. También piden que se intensifiquen los esfuerzos para combatir a los criminales que trabajan en internet y cuyas actuaciones afectan a las economías de empresas y países.
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