El libro ”El intercambio de obras protegidas a través de las plataformas peer-to-peer”, concluye tras varias alternativas, que el intercambio de archivos no es legal bajo la Ley de Propiedad Intelectual aunque no es un delito penal, sino un ilícito civil.
Entre las soluciones (todas ellas con evidente ánimo recaudatorio) propone cambiar la normativa para que el intercambio de archivos tenga la misma consideración que la copia privada o que las sociedades de derechos de autor otorguen licencias de uso a particulares y redes P2P, por descontando pasando previamente por caja.
A estas “soluciones” se suma la instauración de un nuevo canon para “compensar las pérdidas”, similar al polémico canon digital actual por copia privada.
Además las sociedades de gestión Sgae, Aisge, Aie, Cedro, Dama y Egeda, tras las críticas y la campaña injusta” desarrollada por la aprobación del canon, han creado una web, Copia-privada-si, para informarnos de “las ventajas” de la compensación por copia privada.
Entre tanto un centenar de jóvenes de toda España reunidos en el congreso de los Diputados para celebrar la VII Sesión Nacional del Programa Modelo de Parlamento Europeo, han pedido a la U.E la abolición del canon digital, “consternados por el excesivo beneficio económico que reciben actualmente los organismos intermediarios del mercado cultural”.
En este contexto, critican “la actuación general de las entidades gestoras de los derechos de autor”, proclamando que “el canon digital atenta contra la presunción de inocencia” y que los beneficios que produce “no van destinados a los que realmente los merecen” que son, a su juicio, “la mayoría de los creadores”.
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