En una carta enviada al comité judicial del Senado, la administración Bush dice sentirse “profundamente preocupada” por este proyecto, que obligaría a desviar recursos destinados a perseguir delitos penales y crear “una burocracia innecesaria”.
La nota dice que los propietarios de derechos tienen ya un montón de métodos legales para perseguir a los infractores, incluyendo mandamientos judiciales, recuperación efectiva por daños y perjuicios u honorarios de abogados. Actualmente los fiscales tienen autoridad para presentar cargos criminales.
Además, la administración indicó que el proyecto de ley era “objetable por razones constitucionales”, porque crearía un “coordinador de propiedad intelectual” dentro de la Casa Blanca, algo que es una prerrogativa presidencial.
Los defensores de la Ley (aprobada en un anteproyecto por republicanos y demócratas) incluyen a las asociaciones de discográficas, estudios cinematográficos, fabricantes y la cámara de comercio. En contra la Asociación de Bibliotecas estadounidense, la Electronic Frontier Foundation, dos agencias federales (muy raro ante una ley bipartidista) y la Casa Blanca.
vINQulos
CNET
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