SCO, arruinada, se había amparado en la ley estadounidense de protección contra la bancarrota para poder vender su tecnología Unix y una parte de sus actividades de telefonía a un fondo de inversión de Nueva York, llamado JGD Management, por 36 millones de dólares (25,2 millones de euros).
Cuando tomó esta decisión, SCO no tuvo en cuenta que otras empresas podrían oponerse, buscando razones más contundentes. Por un lado, IBM alega que el ya mencionado capítulo 11 sobre protección contra la bancarrota de EEUU está destinado a permitir a una empresa con dificultades a reorganizarse, pero no a vender sus activos.
Por su parte, Novell afirma que una decisión del Tribunal del Distrito de Utah del 10 de agosto pasado le reconoce como propietario legítimo de los derechos de Unix, lo que, lógicamente, crea un problema a SCO la hora de ceder los derechos sobre el sistema.
Esta decisión tiene un peso importante sobre SCO y es que la justicia de Utah le ha condenado a pagar 25 millones de dólares a Novell a título de las licencias vendidas en detrimento del declarado legítimo propietario de los derechos de Unix.
Además de todo esto, IBM ha apelado al juez de Delaware afirmando que él es el propietario de los derechos de algunas tecnologías de Unix utilizadas por estos últimos. Para intentar poner una solución a todo este caos, el Tribunal de Bancarrota de Delaware ha convocado mañana 6 de noviembre a todos los agentes involucrados.
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