La Disposición Primera de Ley de Economía Sostenible ha sido bautizada popularmente como la Ley Sinde, por ser la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, la principal valedora de las reformas que apoya la disposición.
El principal objetivo de la Ley Sinde es luchar contra la piratería. España es uno de los países más criticados por Estados Unidos y su popular industria cultural por el impacto que tiene en la distribución de sus productos la piratería de los consumidores españoles.
El que podría ser el Hadopi español no sigue sin embargo los pasos y el ejemplo de la polémica ley francesa, que cortará el acceso a internet a los usuarios reincidentes, sino que apostará por acabar con el origen del problema, cerrando aquellas páginas que permiten la piratería, aunque los prestadores de servicios estarán obligados a identificar a aquellos que vulneren los derechos de autor.
El ministerio de Cultura será el responsable de crear la Comisión de Propiedad Intelectual, que será quien vele por el respeto de los derechos de copyright y que remitirá los casos potenciales de cierre a la Audiencia Nacional, que será quién decida qué páginas se cierran y cuales no. Así, actuará como una policía de la propiedad intelectual al tiempo que tendrá atributos de mediación y arbitraje.
Aunque las asociaciones de internautas han protestado contra la norma y han señalado que ése no es el camino para renovar o afianzar la industria, la ley ha contado con el apoyo -obvio- del Gobierno y de los socialistas y sobre todo de las asociaciones de derechos, como la SGAE o Cedro.
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