Las regulaciones de derechos de autor ponen “a la gran empresa primero”

Aprovechando la cercanía geográfica y la simultaneidad temporal con la reunión informal de ministros en Granada, la asociación de consumidores Facua ha presentado en Sevilla un documento que pone en la picota a los poderes públicos en su acción legisladora sobre propiedad intelectual.

La Consumers International, que agrupa a asociaciones de consumidores de varios países, ha analizado las normas y las acciones legisladoras de 34 estados alcanzando conclusiones poco halagüeñas para los poderes públicos.

“En la mayoría de los países, las normas que regulan el acceso a la cultura y aprendizaje de nuestra sociedad colocan a la gran empresa primero y a los consumidores después“, es la principal conclusión de este informe, tal y como apunta Facua en una nota de prensa.

“Los gobiernos de numerosos países están plegándose a los intereses de las industrias culturales y tecnológicas, que conciben la cultura y el conocimiento como una merca mercancía a la que sólo se accede previo pago”, apunta el portavoz de la asociación de consumidores, Rubén Sánchez.

La presentación y el informe han contado con el apoyo de ExGae, Red SOStenible y FCForum, asociaciones de defensa de los derechos de los internautas, que han sido también muy críticas con los poderes públicos.

“El informe”, apunta Simona Levi, de ExGae y Red SOStenible, “demuestra cómo la política estadounidense en materia de copyright tiene una doble moral” ya que, asegura, pide un “rigor” extremo a sus países aliados mientras que en su propia legislación permite más excepciones.

Fin neutralidad

Según Red SOStenible, la cumbre de ministros de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información de Granada podría tener un efecto perverso en los derechos de los internautas. De hecho, no duda en tacharla de “peligrosa” ya que, según la asociación, ataca la neutralidad de la red, privatiza el espectro radioeléctrico y privatiza la producción de contenidos.

“Para un desarrollo sostenible y democrático de la sociedad de la información no debe existir ninguna discriminación, ninguna velocidad diferente según los usos o los servicios que hagan los usuarios, y menos aún según lo que cada uno pueda pagar”, apunta la organización en un site ad hoc.

Por ahora, sólo un país europeo (Reino Unido) está en el top five de los países peor valorados en cuestiones de respeto al ciudadano en sus leyes antipiratería. Jordania, Chile, Kenia y Tailandia acompañan por ahora a los británicos pero, si se cumplen las previsiones de los organismos que respaldan el informe presentado esta mañana, podrían ser más.

Consumers International recomienda “modelos de negocio innovadores” y carga contra el corte de red. “Suspender este derecho básico es algo parecido a negar acceso al agua o a los servicios sanitarios a un consumidor que moja con la manguera al gato de su vecino“, alerta.

Esta semana se sabrá si los ministros europeos comparten esta visión.