A pesar de estos esfuerzos, la tarea será complicada teniendo en cuenta la diversidad de legislaciones existentes en cada uno de los estados miembros y las diferentes medidas que se han ido tomando o que se han planeado tomar.
En
España los propietarios de derechos y sociedades de autores se quejan de que existe una de las legislaciones más débiles del entorno. Las descargas de material no están consideradas como delito siempre y cuando el usuario que realiza estas descargas lo haga sin ánimo de lucro. Un argumento que aducen los partidarios de una legislación más restrictiva es que España ocupa el primer lugar en Europa y en el mundo en descargas por Internet. El 58 por ciento de los usuarios españoles descargan música y el 52 por ciento películas. La media europea se sitúa en el 37 y 20 por ciento, respectivamente, según un estudio de 2007 de la Asociación Europea de Publicidad Interactiva (EIAA).
Las empresas que operan el tráfico de Internet no entran en la disputa que mantienen usuarios y poseedores de los derechos de autor. El presidente de la patronal Asimelec, Martín Pérez, asegura que “en España no hay una legislación clara en esta materia por lo tanto las operadoras no pueden controlar el tráfico en la Red sin tener un amparo legal”. Niega por tanto que en estos momentos pueda abrirse un debate en España sobre este tema. Añade que las operadoras cumplirán la ley que esté vigente en cada momento.
El problema de la piratería en Internet y las descargas ilegales es un tema que cada vez cobra más importancia pero cuya solución no parece sencilla. Habrán de ser todos los actores implicados los que se sienten a redactar un acuerdo por el que los propietarios de los derechos puedan obtener beneficios, los usuarios no vean comprometida su intimidad y las operadoras no se encuentren fuera del marco legal ni ante el peligro de pérdida de clientes.