El Gobierno apoya sin reservas el plan presentado por el presidente de la FNAC, Denis Olivennes. Así lo ha dicho hoy su presidente, Nicolas Sarkozy, quien lo ha revestido de pluralidad al decir que el informe es fruto del acuerdo de todos los representantes del sector: discográficas, productoras de cine, televisión e Internet. De todos, menos del de los internautas.
El plan, que pretende penalizar al abonado por la descarga de archivos a través de las redes P2P, ha recibido ya multitud de críticas por parte de asociaciones de consumidores e internautas. Consideran que establecer una restricción a nivel del abonado y no a nivel del proveedor de Internet atenta contra el derecho de privacidad. Además, el informe prevé la creación de una autoridad pública que controle los abusos de piratería y pueda sancionar al internauta. De ser así, dicen, se estaría traspasando una función que corresponde a la Justicia, a una entidad fácilmente manipulable por los intereses comerciales.
El Gobierno deberá ahora determinar qué marco legislativo y reglamentario otorga a estas medidas.
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