El informe que recomienda la creación de este órgano, parte de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (Aeval), dependiente del Ministerio de Administraciones públicas.
Este futuro órgano sustituiría a las seis entidades que gestionan ahora los derechos de autor: SGAE, Cedro, Vegap, Dama, AIE y Aisge, y se encargaría de cobrar las tarifas y efectuar el reparto correspondiente.
Más importante aún es la recomendación de “establecer un Plan Contable específico para estas entidades, así como determinar la obligación legal de consolidar sus cuentas anuales con las de sus sociedades controladas o participadas”, como se indica en el informe.
Además debería “darse publicidad a las cuentas anuales y las tarifas de las entidades mediante su depósito en un registro público, tutelado por la Administración, así como regular de forma específica el tratamiento que debe otorgarse a la prescripción de los derechos recaudados”, según recoge el informe.
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