Verdes por imposición legal

La presión sobre las compañías para que produzcan objetos energéticamente responsables va en aumento, al tiempo que la responsabilidad de las firmas crece.
Como no se cansan de decir los máximos responsables de la industria de las nuevas tecnologías, la green IT no es una moda y “ha llegado para quedarse”. Puede que, en un futuro inmediato, este ejercicio de responsabilidad ayude a las firmas no sólo a convencer a sus potenciales clientes, sino también a adelantarse a las imposiciones legislativas.
El Parlamento europeo acaba de aprobar un informe sobre el uso energético en los países miembros que insta a legislar para conseguir una mayor eficiencia energética. El reto de Europa sería alcanzar en 2020 un ahorro del 20% en energía (la cantidad, por otra parte, que ahora desplifarran los ciudadanos de la Unión), para lo que se vincularía de forma legal la obligación de mantener estos resultados.
La normativa obligaría además a “introducir normas de eficiencia energética en los procedimientos de licitación pública”, al tiampo que empujaría a los estados de la Unión a apoyar el uso de contadores inteligentes de energía, algo que ya están haciendo algunos países de la UE, como Malta.
El país mediterráneo trabaja con IBM para implantar un sistema inteligente en la red eléctrica, a través de su operadora Enemalta. En 2012 estará disponible en todo el país, desapareciendo los recibos en papel e introduciendo un pago por uso real, en el que las tarifas serán flexibles. Gracias a los contadores de la tecnológica, se reducirán, además, las pérdidas de energía y los costes de la red.
Productos verdes
El bloque de medidas recomendado por la Eurocámara apuesta también por promover la adopción de productos verdes: en los contratos públicos tendrían prioridad.
De este modo, y por poner un ejemplo práctico, una fabricante de hardware que ofreciese equipos de bajo consumo ganaría en un concurso público para equipar un organismo frente a una tradicional.
La tecnología verde sería, pues, uno de los nichos de mercado que se verían reforzados si la recomendación de la Eurocámara se convierte en ley.