6 de cada 10 empresas online españolas se animan a vender en el extranjero en su primer año de vida

Las empresas online se pueden identificar como “nativos globales”. Así lo indica Stripe, que ha publicado los resultados de un informe en el que se comprueba la facilidad que tienen estas compañías para volverse internacionales, ya que internet “permite a prácticamente cualquier negocio llegar a clientes en cualquier lugar”.

Un 70 % de esos negocios online ya vende fuera de su país de origen. La cifra sube hasta el 77 % en el caso de España, frente a menos de un 2 % del total de empresas españolas que vende en el extranjero. El principal objetivo para nuestro país son los otros miembros de la Unión Europea (45 %), seguidos del mercado norteamericano (12 %), China (10 %) y Sudamérica (10 %).

Un 60 % de las empresas españolas que ha analizado Stripe internacionalizó las ventas durante el primer año desde su fundación. Y un 13 % de ellas lo hizo desde el primer día.

Esta internacionalización viene propiciada por la tecnología de la que se dispone hoy en día, como el cloud computing, los pagos online o la publicidad también online. Más de dos tercios de las compañías de internet creen que este tipo de herramientas facilitan más su salida a otros lugares que factores como el acceso a la financiación, la propia infraestructura física o el apoyo institucional. A su vez, esta tecnología ha originado lo que se conoce como “multinacional unipersonal”.

Como barrera para el crecimiento en el extranjero figura la regulación. En general, son minoría (44 %) quienes dicen que es fácil establecer una compañía en su país. Los emprendedores españoles son, justo por detrás de los italianos, los más pesimistas en este sentido y su porcentaje baja hasta el 29 %.

A la hora de concretar cuáles son las dificultades que se encuentran, un 38 % de las empresas apunta a los impuestos. Un 36 % habla de barreras regulatorias. Y otro 34 % comenta la problemática de las tarifas gubernamentales como freno a su expansión. Los negocios online llegan a gastar cada año hasta un 37,8 % de su beneficio neto en regulación y cumplimiento, a lo que habría que sumar la pérdida en tiempo para gestionar temas regulatorios.