En España no se está gestionando tal y como se debería la basura electrónica, lo que se conoce como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).
Y es que, a pesar de que los usuarios pagan al hacerse con un producto para que su destino último sea el correcto, se calcula que tres cuartas partes de esos residuos acaban con otro final. Con ese 75 % de mal tratamiento, España se situaría a la cabeza en lo que se refiere al fraude en el reciclaje de RAEE. Sólo 1 de cada 4 aparatos recibe el proceso adecuado frente al 35 % de media de los países de nuestro entorno.
Así lo denuncia la firma Back Market, que se hace eco de cifras que aporta la propia Eurostat, la oficina estadística de la Comisión Europea.
“El consumidor termina pagando por un servicio que no recibe y los fabricantes acaban percibiendo indebidamente un dinero para la gestión de los RAEE”, explica Thibaud de Larauze, CEO de Back Market, que recuerda que “cada vez que” los consumidores “compran un aparato con interruptor, pagan por adelantado una tasa por el reciclado del producto cuando se convierte en chatarra”.
En España se estaría abonando entre 5 y 30 euros en cada compra para dicha tarea. Pero al final los fabricantes sólo utilizarían alrededor del 20 % del dinero recibido.
“La mayoría de estos residuos son abandonados en vertederos ilegales que no cuentan con la tecnología necesaria para tratar la chatarra, son exportados ilegalmente a otros países”, desvela Back Market, “o tratados irregularmente para extraer y vender los materiales valiosos que contienen”.
Los residuos de este tipo ascienden al millón de toneladas anuales en España. Aquí cabe apuntar que el consumo electrónico se ha triplicado desde hace tres años.
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