Fue a mediados del año pasado cuando el Gobierno anunció una modificación en la actual Ley General de Telecomunicaciones por la que se fijaban nuevas condiciones mínimas para el servicio de banda ancha universal.
En concreto prometieron una velocidad mínima de 1 Mbps/256 Kbps, una cobertura que abarcara el 99% en el territorio nacional y un coste máximo de 25 euros al mes.
Esas promesas parecieron caer en saco roto y no se volvieron a nombrar hasta ahora, cuando el Consejo de Ministros ha anunciado la aprobación del proyecto de ley que modifica la normativa vigente.
Además del servicio de banda ancha universal, la nueva ley introduce cambios en el proceso de portabilidad móvil, un asunto que ha sido sometido a debate por parte de las asociaciones de consumidores en los últimos tiempos. De esta forma, la nueva ley fija en un día el plazo máximo para realizar las portabilidades.
El objetivo de la nueva ley es mejorar la velocidad de las conexiones, incentivar las inversiones y mejorar la protección de los datos de los consumidores con nuevos requisitos.
A partir de ahora comienza un complejo proceso de licitaciones para sacar a concurso el servicio universal, un trámite que debería completarse en tres meses.
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Además, la compañía dejó atrás las pérdidas durante el primer trimestre de 2024.