El Ministerio de Industria convocará una consulta pública para que los operadores opinen sobre las características que tendría este servicio universal, según leemos en banda ancha. Un servicio que reconocería el derecho de conexión a Internet de todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia, con una velocidad determinada y a un precio razonable.
El gobierno español propondría además en su próximo turno de presidencia de la Unión, la aprobación de una “Carta de derechos de los usuarios de las telecomunicaciones común en la Unión Europea”, según avanzó el secretario de estado de Telecomunicaciones Francisco Ros.
Medidas muy positivas pero a las que falta concreción, por ejemplo en términos de la velocidad que se garantizaría en el servicio universal, ya que la norma habla de un acceso “funcional” que esperemos no se traduzca en la navegación con un prehistórico módem RTB a 33 Kbps, inútil actualmente para moverse en la Red.
Daremos un margen de confianza ante la primera legislación que recordamos, positiva para el consumidor de Telecomunicaciones en la actual legislatura, esperando, como dice la Asociación de Internautas, que esta promesa no tenga el mismo destino que la de garantizar el 80% de la velocidad contratada, que guarda el sueño de los justos.
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