El Gobierno británico, tras los atentados de julio del 2005, está apostando por un mayor control de los datos y de las comunicaciones de los ciudadanos.
Así, el próximo otoño propondrá que los ayuntamientos, las autoridades sanitarias o las oficinas de correos sean algunos de los organismos públicos britanicos que puedan controlar los correos electrónicos, los sms o las llamadas de los ciudadanos.
No el contenido de los mismos pero sí los detalles de cuándo y dónde se da cada comunicación y a quién va destinada.
Según informa hoy “La Voz de Galicia”, actualmente en Reino Unido las grandes empresas de telecomunicaciones ya registran el tráfico de las llamadas de cada ciudadano desde teléfonos fijos y móviles.
La nueva ley crearía una base de datos extensa a la que podrían acceder autoridades policiales y otros organismos públicos.
Sociedad dividida
Ante estas nuevas medidas la sociedad británica se muestra dividida. Algunos organismos, como elHome Office, dicen que el control de este tipo de datos es vital para la seguridad nacional.
Pero el sector liberal demócrata del Gobierno señala que lo único que pretenden es espiar a los ciudadanos y recortarles sus libertades fundamentales.
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