El Tribunal Supremo acaba de ratificar la sentencia de 2004 que consideraba ilegal el sistema de facturación de la mayor parte de los servicios 902, declarándola firme y por tanto inapelable.
La sentencia afecta de forma directa a Telefónica y France Telecom (propietaria de la empresa denunciada en su día, Uni2), que tendrán que devolver a sus clientes parte del dinero de estas llamadas.
De este modo, el Tribunal espera resarcir a unos clientes que, como denunciaba en 2001 la OCU, se veían obligados a llamar a un 902 cuando el servicio debía ofrecerse desde un 903.
“La OCU estudia, dado el largo período de tiempo que ha transcurrido, todas las posibilidades para hacer efectiva la sentencia”, declararon fuentes de la asociación de usuarios a Europa Press.
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