España avanza en el proceso de liberalización de los servicios de recarga energética de vehículos eléctricos.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha aprobado sendos informes sobre el Proyecto de Real Decreto que regulará esta actividad y sobre el Proyecto de Orden sobre la información que los prestadores del servicio de recarga deberán remitir a la Administración y que se publicará en tiempo real.
Las nuevas normas concretan aspectos como el papel que tendrán, por un lado, el operador del punto de recarga como titular de los derechos de explotación de la infraestructura, y, por otro, el proveedor de servicios de movilidad eléctrica que mantendrá una relación comercial con el usuario a nivel de facturación o asistencia.
Las dos partes estarán sujetas a una serie obligaciones, como la presentación de precios de forma transparente a través de una plataforma o la creación de un servicio de atención a incidencias. En el texto también se tienen en cuenta el acuerdo de interoperabilidad para asegurar la comunicación entre operador y proveedor.
Por otro lado, se establece un régimen sancionador en caso de incumplimiento. La CNMC espera que esta regulación mejore la experiencia final.
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