– El reciente apoyo de su partido al canon digital ha sido fuertemente criticado desde algunos sectores, ¿cuál es exactamente la postura del PSOE frente al canon digital? Entendemos que la fórmula del canon pueda ser en teoría imperfecta, pero creemos que hasta el momento es la más eficaz para dar solución a las necesidades de creadores y usuarios. Como ya he anunciado, estamos dispuestos a cambiar el modelo actual cuando exista una solución alternativa razonable.
Es necesario señalar que en la ‘Europa de los 27’, veintidós Estados han optado por esta fórmula que autoriza la copia privada con ciertos límites y reconoce el derecho de los creadores de contenidos a una compensación. No ocurre esto en Reino Unido, Irlanda, Malta, Chipre y Luxemburgo, básicamente porque en estos países la copia privada no es legal; en esta línea, el Gobierno británico ha anunciado la intención de retirar el acceso a Internet a los usuarios que descarguen archivos ilegalmente.
El primer Estado en implantar este límite fue
Alemania, a mediados de los años sesenta, con unos criterios que básicamente son los que luego se han extendido a la inmensa mayoría de los Estados europeos. Según este sistema, las leyes autorizan estas copias privadas, entendiendo como tales las que hacen las personas físicas para su uso privado y sin que estas copias puedan ser usadas colectivamente ni con fines lucrativos.
A cambio de esta autorización legal, las propias normas reconocen una compensación económica a los creadores, que han de pagar los fabricantes, importadores y, en general, quienes comercializan los instrumentos que permiten el copiado. Luego, ciertamente, esta compensación se repercute como un coste más de producción a todos los consumidores finales.
Existe una regulación a nivel comunitario sobre la copia privada, la Directiva 2001/29, que armoniza los derechos de propiedad intelectual en la sociedad de la información. Esta Directiva establece que los Estados Miembros pueden optar por recoger este límite o no en sus legislaciones nacionales. Si optan por recoger este límite, la Directiva obliga a reconocer una compensación en favor de los creadores. Esta compensación, dice la Directiva, debe tener en cuenta, entre otros criterios, el grado de implantación y la eficacia de las medidas técnicas que impiden la realización de copias.
Tan solo cinco Estados han optado por no recoger el límite, es decir, por prohibir en sus territorios la posibilidad de que sus ciudadanos puedan hacerse copias privadas con los márgenes que el resto de Europa establece. Es muy importante insistir en que esta compensación no es en absoluto contradictoria con el desarrollo de la Sociedad de la Información.
La Sociedad de la Información exige dos elementos: unas redes tecnológicas que permitan la circulación y acceso a los contenidos y estos mismos contenidos. Si a quienes producen esos contenidos no les reconocemos sus derechos y retribuimos justamente acabaríamos con esa Sociedad de la Información, que no tendría nada que ofrecer. Por otro lado, es evidente que los países que tienen establecida esta compensación poseen, también, unos altos niveles de desarrollo tecnológico y ahí están ejemplos como los de Finlandia o Alemania.
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¿En qué medida se puede consensuar una ley que contente a sociedades de derechos de autor, usuarios y empresas tecnológicas? Con la entrada en vigor de la ley de Propiedad Intelectual, que regula el canon digital, el gobierno instó a las partes, las asociaciones representantes de la industria de nuevas tecnologías y las sociedades de gestión de los derechos de autor, a llevar a cabo una negociación para e
stablecer los soportes sujetos al canon digital y la cuantía del mismo.
Transcurrido el plazo fijado por el gobierno y dado que ambas partes no consiguieron alcanzar un acuerdo, los Ministerio de Industria y Cultura se vieron obligados a tomar las riendas de dicha negociación para, de esta manera, asegurar su neutralidad, la defensa de los derechos de todos y la consecución de un acuerdo satisfactorio.