El polémico proyecto de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación ha sido aprobado en Consejo de Ministros. El nuevo texto reemplaza a la normativa de 1986 con el objetivo de actualizar el sistema de ciencia y tecnología a la realidad actual.
El Gobierno ha destacado que, en 2010, España tiene seis veces más investigadores y catorce veces más de fondos dedicados a la I+D+i que en 1986. La adhesión a la UE y el desarrollo de las autonomías son otros factores que obligaban a una actualización de las normas vigentes.
“Se trata de una norma importante con la que España va a mejorar su capacidad para que el conocimiento se transforme en innovación, riqueza y progreso”, aseguró la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en rueda de prensa.
La nueva ley busca responder a cuatro grandes retos: el diseño de una carrera científica basada en méritos, estable y previsible (con la posibilidad de incorporarse al sistema público de I+D según criterios de excelencia y con el reemplazo de becas por contratos), el desarrollo de un sistema de I+D más eficiente y eficaz (a través de la creación de una agencia de financiación), el cambio de modelo productivo según la Estrategia Estatal de Innovación y el establecimiento de mecanismos para mejorar la cooperación y la coordinación entre las distintas administraciones.
La creación del Comité Español de Ética de la Investigación, el fomento de la participación de la mujer en la actividad científica, la intensificación de la cooperación entre agentes públicos y privados y la difusión universal del conocimiento científico son otras de las medidas y de los objetivos de la Ley de Ciencia, según resaltó el Ministerio de Ciencia e Innovación en una nota de prensa.
Existe un importante consenso social sobre la necesidad de fomentar la innovación para dinamizar la economía. España destina actualmente un 1,3% del PIB a la innovación, por debajo de la media europea (1,8%). Sin embargo, el proyecto de ley había recibido críticas desde diversos sectores.
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