Hoy entra en vigor la Ley Sinde

El de la Ley Sinde ha sido un largo recorrido. Desde que la iniciativa fuera aprobada en el Consejo de Ministros en noviembre de 2009, la norma ha generado gran controversia y suscitado un incesante debate entre la protección de derechos de autor y los límites legales de la red.

La norma ha sobrevivido a las tensiones en la industria del cine, a la contrariedad hackactivista y a un cambio de gobierno, que es quien, con el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert como cara visible, impulsa la ley ahora denominada como la Ley Sinde Wert. Y hoy, 1 de marzo, entra en vigor.

Los jueces, en el centro del proceso

¿Qué establece exactamente el Real Decreto? Para empezar, pone en marcha la creación de una Comisión de Propiedad Intelectual compuesta por funcionarios (cuyos nombres se desconocen) de diversos ministerios. Su labor será la de construir puentes entre los propietarios de derechos de autor y los propietarios de los sites, según Europa Press.

Estos miembros pueden solicitar la retirada de contenidos e incluso el cierre de aquellas webs que violen derechos de autor. La forma de proceder será la siguiente: será el titular de los derechos de autor quien ponga en marcha la maquinaria. Éste será quien motive la actuación de la Comisión, que sólo actuará si considera que el site obtiene beneficios de una actividad ilegal.

Si es así, comienza un proceso administrativo que puede alargarse hasta 20 días. Si no se acuerda la retirada de contenidos, entra en acción la justicia. El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo se pronunciará y si acepta a trámite tal solicitud, se identificará al presunto infractor. Éste último tiene 48 horas para retirar el contenido o presentar alegaciones.

Tras la deliberación judicial, se decidirá si se interrumpe o retira el contenido.

Las denuncias, de forma electrónica

Con la puesta en marcha de la ley, llegarán las primeras denuncias. El Gobierno anunciaba ayer que iba a obligar a recibirlas de forma electrónica. Así, los denunciados estarán obligados a tener firma electrónica para recibirlas y contestarlas.

La Orden Ministerial establece que las comunicaciones relativas a la ley, deberán establecerse por medios electrónicos, aunque no todas las partes están obligadas, como explica la versión digital del diario El Mundo.