La CNMC sanciona a Indra, Software AG y otras 9 compañías tras encarecer la contratación pública

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La lista de sancionados con casi 30 millones de euros se completa con los nombres de Atos, Connectis, IBM, Everis, Babel, Cibernos, Gesein, Accenture y Next.

En marzo de 2015, como respuesta a su campaña contra el fraude en la licitación pública, la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) recibió una denuncia que ahora ha quedado resuelta con la sanción a once compañías que habrían incurrido en fraude.

Desde la CNMC explican que estas compañías cometieron “una infracción muy grave de los artículos 1 de la Ley 15/2007 y 101 del Tratado de Funcionamiento de la UE, constitutiva de cártel”.

Ese cártel actuó a lo largo del territorio nacional durante quince años ofreciendo servicios de informática y de tratamiento de datos a la Administración Pública. Entre los afectados por sus prácticas están, por ejemplo, la Agencia Tributaria, la gerencia de informática de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo conocido por las siglas de SEPE.

Las empresas sancionadas se repartieron clientes, pactaron precios y condiciones comerciales y también intercambiaron información comercial sensible, según desvelan las autoridades, “para encarecer la contratación pública”.

Como consecuencia de estas conductas ilícitas, han sido sancionadas con cerca de 30 millones de euros. Las sanciones más elevadas recaen en Indra y SAG (Software AG), que están consideradas instigadoras de esta trama. Mientras Indra tendrá que pagar 13,5 millones de euros, SAG deberá hacer frente a una multa de 6 millones.

Cerca se queda Atos, con 5 millones. Le siguen Connectis (1,8 millones), IBM (940.000 euros), Everis (800.000 euros), Babel (633.917 euros), Cibernos (616.038 euros), Gesein (320.969 euros), Accenture (300.000 euros) y Next (46.760 euros). Todas estas empresas son señaladas como participantes en el cártel con diferentes niveles de responsabilidad:

A estos once nombres habría que sumar los de otras tres compañías, tal y como explica la CNMC, “para las que no existen pruebas suficientes”.

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