El impuesto de sociedades resulta especialmente favorable a empresas que establecen su sede en algunos países de la Unión Europea, pero en ocasiones esta ventaja fiscal se emplea en detrimento de los impuestos que deberían pagarse por las actividades de esas mismas empresas en el resto del territorio comunitario.
La investigación no se dirige directamente contra Apple (y otras empresas como FIAT o Starbucks) sino contra los propios gobiernos de dichos países que estarían aplicando tipos impositivos inferiores a los oficialmente establecidos, que además ya son bajos con respecto a otros países.
Por ejemplo en España actualmente el tipo medio del impuesto de sociedades es del 30 % cuando en Irlanda es del 12,5 % pero es que en el caso de Apple la Hacienda irlandesa podría haber establecido con la empresa de Cupertino un acuerdo que le permitiría pagar únicamente el 1,9 % (sí, menos del dos por ciento) con lo que ello supone de impuestos no tributados afectando no ya al propio país sino al conjunto de la Unión Europea.
Almunia recuerda que la investigación no cuestiona la Hacienda de esos países ni su sistema tributario sino únicamente los acuerdos específicos alcanzados con estas empresas. El resultado de la investigación podría incluso obligar a los estados investigados a devolver a la UE las cantidades dejadas de percibir al considerarlas como ayuda ilegal. Por el momento Holanda e Irlanda sí se están mostrando cooperadoras mientras que Luxemburgo no está tan por la labor por lo que podría enfrentarse a una sanción adicional.
La discrepancia entre la fiscalidad existente entre los distintos países comunitarios, donde no existe una armonización, permitiría maniobras de ingeniería fiscal como la de declarar pérdidas mayores de las reales en países miembros con una fiscalidad más alta mientras en países con una menor presión tributaria (máxime si además se llega a acuerdos tan beneficiosos) se computarían pérdidas propias y pertenecientes a otros países, pagando menos impuestos.
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