Los “puedo prometer y prometo” tecnológicos del 20N

Entre ellos UPyD especifica que es posible una cobertura del 100% del territorio nacional y una velocidad mínima de 10 Mbps antes de 2013; mientras que el 20% de los puntos de conexión  disfrutaría de 100 Mbps a finales de la legislatura. También detalla que la financiación sería pública en “las zonas menos rentables para la inversión privada”, recurriendo a medios libres de cargas tributarias como el denominado “dividendo digital” o rescindiendo a las operadoras su deber de contribuir al mantenimiento de RTVE.

Éstas, a cambio, deberían garantizar una información “transparente, exacta, inteligible, objetiva y completa” de sus servicios. Para asegurarse de que cumplen con lo firmado, el PP quiere promover una carta europea de derechos de los usuarios y el PSOE aboga por la libre competencia “endureciendo” la exigencia de calidad. La ex-socialista Rosa Díez apunta métodos como la publicación de resultados “a través de un enlace oficial en Internet” o la recogida de peticiones en un “punto de acceso ciudadano”. Y a Juantxo López le gustaría establecer nuevas reglas para la privacidad, el libre intercambio y la neutralidad en la red, punto este último de obligado cumplimiento para los miembros del Partido Pirata.

IU da un paso más allá y solicita que el acceso a Internet, en tanto que derecho universal, sea gratuito. Esta gratuidad abarcaría en un principio hasta los 10 Mbps, priorizaría a “los territorios y capas sociales más desfavorecidos” y vendría acompañada, entre otras cosas, por cursos de informática, una red de aulas de libre acceso en todos los ayuntamientos y créditos a largo plazo sin intereses para la compra de ordenadores.

Otro modelo sustitutivo es el que promueve Equo: Wi-Fi libre, con conexiones dependientes de organismos públicos y acceso garantizado incluso en situaciones críticas. En este caso, la formación gratuita en nuevas tecnologías procedería de la reorientación de aquellas subvenciones que actualmente se conceden para la compra de equipos informáticos.

Sea como sea, la necesidad de poner punto y final a la brecha digital se refleja en los programas de socialistas y populares, aunque especialmente este último pasa de puntillas sobre el tema.

“Ley Sinde”, ¿sí o no?

El consenso se produce también a la hora de impulsar la futura Administración Electrónica. PSOE y UPyD hacen referencia al teletrabajo y a la reducción del IVA de los libros electrónicos hasta el 4%. Mientras los de Rubalcaba proponen una Agenda España 2.0, los de Díez abogan por el voto electrónico y por despolitizar el nombramiento del CMT; IU recomienda la participación interactiva, al tiempo que apoya el uso de la firma digital e iniciativas al más puro estilo Proyecto Gutenberg; y Equo defiende el reciclaje informático, la creación de la etiqueta de “ordenador verde” y el aumento de la garantía de los equipos a 6 años.

Pero, al margen de la lista de innumerables mejoras con las que entrar (o despegar) de lleno en la Sociedad de la Información, uno de los puntos fuertes de esta campaña versa sobre la disposición final de la Ley de Economía Sostenible. Aprobada en febrero gracias a los votos de PSOE, PP y CiU, el equipo de Rubalcaba no se atreve a mentarla y el PP es consecuente con su decisión, dice oponerse “de forma tajante” a cualquier intervención que no venga avalada por una orden judicial y solicita más medios para que “Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, fiscales y jueces” puedan combatir los delitos informáticos. Su opinión es clara: “no todo en Internet tiene que ser gratuito”.

Muy distinta es la postura de sus contrincantes. Desde “la descriminalización del intercambio de archivos sin ánimo de lucro” del Partido Pirata y Equo a la “derogación de la llamada Ley Sinde y de los monopolios de las Sociedades de Gestión Colectiva de derechos de autor” de UPyD e IU, el rechazo al modelo vigente es patente. De momento la SGAE se encuentra en horas bajas, castigada con investigaciones policiales a varios de sus directivos, pero el objetivo “ley antidescargas” será difícil de derribar teniendo en cuenta que los dos partidos mayoritarios todavía la apoyan.