La empresa, una de las más populares en la gestión de compra de entradas online, ha llegado a un acuerdo con el que zanjar la batalla legal emprendida en un tribunal federal de Brooklyn. La controversia queda resuelta con el pago de 10 millones de dólares como multa tras reconocer la acusación de acceder de manera repetida a los sistemas informáticos de un competidor.
No es la primera acusación en este sentido, y de hecho en octubre de 2019 Zeeshan Zaidi, anterior responsable de la división de servicios artísticos de Ticketmaster ya se declaró culpable de una acusación de conspiración para acceder de manera fraudulenta a ordenadores ajenos.
El fiscal del distrito acusa a empleados de Ticketmaster de acceder de manera reiterada y no autorizada a ordenadores de la competencia, empleando para ello con la finalidad de obtener datos e información para provecho propio. En la estrategia resultó esencial contar con antiguos empleados de empresas rivales a los que promocionaban y recompensaban alentándolos a infringir la normativa que les prohibe llevarse consigo información obtenida en el anterior puesto de trabajo.
Ascensos, aumentos de salario y otras prerrogativas impulsaban a los empleados procedentes de la competencia a facilitar a Ticketmaster información y acceso a páginas web que, si bien no estaban protegidas por contraseñas tampoco estaban indexadas. Esta se trata de una práctica frecuente que permite que en ocasiones se filtre información de las empresas que la emplean. Las URL suelen consistir en una serie de números que sólo quien los conoce podría usar.
En el caso de Ticketmaster se trataría de páginas web destinadas a la gestión por parte de empresas y artistas de sus eventos y conciertos. Páginas web de acceso restringido hasta el momento oportuno a las que se tenía acceso desde Ticketmaster sin autorización.
Una vez en conocimiento de estos datos desde Ticketmastar, sabedores de todos los detalles del evento o concierto, intentaban obtener ventaja al ofrecer al artista o empresa la venta de las entradas a través de su propia plataforma.
La controversia judicial ha concluido con el acuerdo al que ha llegado Ticketmaster con la ficalía de distrito. La empresa abonará diez millones de dólares de multa y se compromete a mantener un programa de cumplimiento ético diseñado para prevenir y detectar infracciones de este tipo. Además y durante un periodo de tres años deberá remitir anualmente a la Fiscalía General de Estados Unidos un informe sobre el cumplimiento de estas medidas.
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