A finales de enero, la comunión entre los cibernautas y un nutrido grupo de compañías de Internet consiguió forzar la suspensión de las votaciones en las cámaras de representación de los Estados Unidos para convertir los proyectos SOPA (Stop Online Piracy Act) y PIPA (Protect Intellectual Property Act) en leyes antipiratería con todas las letras.
Pero los promotores de ambos textos, el congresista republicano Lamar Smith y el senador demócrata Harry Reid, ya advirtieron de que esto no era más que un parón temporal. Y que finalmente se acabarían tomando medidas efectivas para neutralizar las descargas ilegales en la red.
Dicho y hecho, Smith se ha propuesto recuperar ciertas partes de SOPA e incluso antiguos opositores de la iniciativa, como su compañero de partido Darrell Issa, apoyan ahora la versión modificada del proyecto de ley, según informa TechCrunch.
El texto en cuestión ha recibido el nombre de IP Attaché Act (IPAA) y, entre otras cosas, expande el cometido del Departamento de Comercio del país norteamericano para que vigile y promueva controles antipiratería en todo el mundo, en lo que podría provocar un conflicto de competencias con otras figuras como la de la Organización Mundial del Comercio.
Esta ley “está escrita para ayudar a individuos y empresas estadounidenses que están experimentando la violación de su propiedad intelectual en ciertos países extranjeros”, comenta Issa. “La legislación ubicará a secretarios entrenados por la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos(USPTO) en países de todo el mundo, centrándose en aquella áreas donde los creadores de empleo e innovadores estadounidenses están experimentando niveles especialmente altos de robo de propiedad intelectual. Éstos trabajarán con los gobiernos extranjeros para ayudar a erradicar cualquier robo de propiedad intelectual que se esté produciendo”.
Por otra parte, se prevén programas de capacitación a las autoridades locales competentes para hacer frente a este tipo de delitos, en lo que se considera “un beneficio neto para todos los estadounidenses, tanto para los titulares de la propiedad intelectual como para los consumidores”.
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