Bruselas sanciona a once fabricantes de equipos eléctricos

La Comisión Europea ha impuesto una multa de 750 millones de euros -la segunda mayor de su historia- a 11 compañías fabricantes de equipos eléctricos acusadas de pactar precios.

En el caso, que se refiere a interruptores de aislamiento de gas, la empresa alemana Siemens se lleva la peor parte, ya que se enfrenta a una multa de cerca de 396 millones de euros, la segunda mayor sanción individual por cartel de la que se tenga registro. La compañía ha anunciado que recurrirá la decisión de Bruselas.

Tras su investigación, Bruselas ha concluido que las empresas ABB, Alstom, Areva, Fuji, Hitachi, Japan AE Power Systmes, Mitsubishi Electric Corporation, Schneider, Siemens Alemania, Siemens Austria y Toshiba se repartieron el mercado de estos productos entre 1988 y 2004.

Esta sanción es la segunda más elevada impuesta por la autoridad de competencia comunitaria después de la fijada en 855 millones para un cartel de fabricantes de productos vitamínicos, que fue posteriormente reducida a 790 millones por el Tribunal de Justicia de la UE.

Los interruptores de aislamiento de gas son equipos pesados y caros, que controlan el flujo de energía en los sistemas de generación eléctrica. Son vendidos como un producto distinto y como parte de subestaciones eléctricas completamente funcionales.

Según la Comisión, durante 16 años las citadas sociedades manipularon ofertas, fijaron precios, se repartieron proyectos, compartieron mercados e intercambiaron información comercial importante y confidencial.

Un comportamiento “completamente inaceptable” para el portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, quien consideró “difícil de calcular” el beneficio obtenido por los grupos sancionados.

Las indagaciones comenzaron cuando una de las empresas implicadas, la suiza ABB, decidió acogerse al programa de clemencia de la Comisión y aportó información sobre estas prácticas ilegales, lo que le ha servido para conseguir una total inmunidad y la conmutación de su sanción, que hubiera sido de más de 215 millones de euros.

Todd señaló que, al verse investigadas, otras firmas trataron de colaborar y de incorporarse al programa con el que Bruselas promueve las denuncias entre las propias empresas infractoras, pero “ya era tarde”, explicó.

El portavoz comunitario aseguró que la Comisión está “bastante segura” de las bases legales de esta decisión, aunque afirmó que era previsible que las compañías afectadas recurrieran la pena ante la Justicia europea.