Es decir, que los 50 euros que pide The Phone House o los 30 euros que cobra Orange suponen “una traba práctica para los usuarios que les limite la libertad de opción”, según explica la CMT.
Esta resolución ha sido publicada a raíz de una consulta de Telefónica, en la que preguntaban a las autoridades sobre la legalidad de cobrar a los usuarios que deciden echarse atrás en una portabilidad tras recibir una mejor oferta de su compañía anterior.
Telefónica sostiene que las operadoras tienen que afrontar unos costes en concepto de preparación de la portabilidad que no se recuperan cuando los usuarios deciden cancelar el proceso, algo que cada vez ocurre con más frecuencia según la compañía.
En este sentido Telefónica asegura que “no tiene intención de comenzar a cobrar a sus clientes por estos costes no recuperables” pero advierte de que esta práctica podría llegar a implantarse en el sector.
Pero la CMT considera que teniendo en cuenta que la ley impide penalizar económicamente a los usuarios por desistimiento de un contrato, “no es razonable que se impute al usuario cuota alguna como consecuencia de la cancelación de su solicitud de portabilidad”.
Además, especifican que tampoco se puede “fijar garantías o anticipos de pago previos a la prestación del servicio” para compensar en caso de cancelación.
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