Hace unas semanas contábamos aquí en The Inquirer el terrible suceso acaecido en India donde una mujer acusó al chófer de Uber que la transportaba de haberla violado.
El hecho motivó la prohibición de la actividad de Uber en la provincia india de Nueva Delhi, además de la inevitable polémica por la acusación de dejadez en cuanto a la comprobación de los antecedentes penales de los chóferes que ofrecen sus servicios a través de esta empresa. Ahora la víctima de esta violación ha entablado un pleito civil contra Uber en el estado de California aduciendo la falta de implantación de las medidas adecuadas para asegurar la integridad de los pasajeros, especialmente las mujeres, frente a posibles agresiones por parte de los conductores, sobre quienes no se habría llevado a cabo una labor eficiente de verificación de sus antecedentes penales.
Según la denunciante (cuya identidad se ha protegido en la demanda para proteger su privacidad) Uber fue negligente el contratar, supervisar y mantener “en nómina” a sus chóferes.
Cuando tuvo lograr el suceso el propio Travis Kalanick, consejero delegado de Uber, afirmó que la empresa estaba dispuesta a hacer todo lo posible por ayudar en el esclarecimiento de los hechos así como a apoyar a la vívtima y a su familia para ayudar en su recuperación. Mientras este mes Uber ha comenzado de nuevo, tímidamente, a operar en la provincia de la capital india.
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