Los acusados operaban en distintas ciudades de los Estados Unidos y de Rumanía y se encargaban de enviar correos electrónicos que tenían la apariencia de proceder realmente de los remitentes que se incluían en dichos mensajes. Eso hacía que los internautas accedieran a páginas web falsas que estaban diseñadas para hacer que el usuario introdujese sus datos bancarios y números de cuentas bancarias o tarjetas de crédio y débito simulando, por ejemplo, comprobaciones de seguridad.
Las penas a las que se enfrentan varían, ya que la lista de cargos con las que se acusa a los sospechosos incluye hasta 65 delitos distintos, de los cuales destacan el fraude bancario (hasta 30 años de prisión) o fraude de dispositivos, que puede añadir a la condena 7 años y medio de cárcel.
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