“Ni corte de conexión, ni reducción de la velocidad, ni siquiera avisos. La industria cultural ha dado su brazo a torcer y ha renunciado a la aplicación de cualquier tipo de medida que vaya contra los más de ocho millones de internautas particulares que realizan descargas por Internet”, dicen en El País. Una moratoria de un año, en la que se perdonaría la vida al internauta de redes P2P que podría seguir utilizando las redes de intercambio de archivos. “Al término de ese año, se evaluaría la eficacia contra la “piratería” del sistema centrado en la persecución de las webs y se decidiría si se cambia de modelo”.
Persecución de web, para la que piden al gobierno un “marco legislativo adecuado” para poder cerrar los 200 portales que a su juicio surten de contenido ilegal la Red de redes y que será listado en los próximos días. O sea, “el tres avisos” para páginas web, que serían cerradas por un organismo administrativo que podría ser la CMT y no como es hasta ahora preceptivo, por un juez. Poder judicial que ha desestimado todas las demandas en tal sentido bajo la argumentación que las páginas demandadas, contienen enlaces (información) y no los archivos con contenido protegido por derechos de autor en sus servidores.
La propuesta de la Coalición enviada a los ministerios de cultura e industria, llega tras el rechazo de la Ley Hadopi por el constitucional francés y la ruptura de las negociaciones con los principales operadores de acceso a Internet, agrupados en Redtel. Operadores a las que se acusa de financiar con publicidad algunas de las web aludidas y de lucrarse con esta situación ante el aumento del tráfico.
No será fácil cerrar páginas web a todas luces legales, al menos con la legislación actual. Doctrina sancionada recientemente por el Parlamento Europeo cuando rechazó en la reforma de las telecomunicaciones no sólo la suspensión de Internet a los usuarios, sino el cierre de páginas web sin intervención judicial.
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