Como recordarán nuestros lectores, varias discográficas interpusieron una demanda contra Soto en junio de 2008, acusándole de haber vulnerado la propiedad intelectual de sus obras musicales y de actos de competencia deselal.
En total, reclamaban al joven programador una cantidad de 13 millones de euros como compensación por los daños causados contra su negocio.
La defensa de Soto ha corrido a cargo de David Bravo, un abogado que está especializado en temas de propiedad intelectual y ha sido uno de los mayores opositores contra la Ley Sinde.
El veredicto final del juez señala que ha sido “desestimada íntegramente la demanda” y condena a los demandantes a “pagar las costas” del proceso.
El magistrado ha argumentado que no tiene nada de ilegal poner en el mercado esas herramientas para compartir contenidos.
En ese sentido, ha remarcado que “el demandado no almacenaban ningún archivo musical y que en ningún caso es una infracción el mero hecho de facilitar el intercambio de música”.
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