El estado de California, con su flamante y pacífico gobernador Schwarzenegger a la cabeza, aprobó una ley en 2005 para regular la venta de videojuegos violentos. Se trataba con ello de evitar que los juegos pudiesen afectar psicológicamente a los jóvenes y les indujese a comportamientos agresivos.
La asociación de vendedores de Video Software y la de Software de Entretenimiento pronto solicitó la retirada de esta ley, por considerar que violaba la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense que protege el derecho a la libertad de expresión.
Ahora, el juez Ronald Whyte ha dado la razón a la industria del videojuego al considerar que no existen evidencias de que los juegos violentos, por sí solos, incidan negativamente en los jóvenes y su comportamiento. El juez añade que “no existe evidencia de que los juegos, dado su carácter interactivo, sean más dañinos que los contenidos violentos de la televisión, las páginas web o cualquier otro medio”.
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