El juez que acusó a TorrentSpy de destrucción intencional de pruebas por borrar IPs de usuarios y modificar los títulos de archivos protegidos, condena al buscador al pago de 30.000 dólares por violación de derechos de autor para cada uno de los 3.699 cargos de la demanda, lo que totaliza un importe superior a los 110 millones de dólares.
El CEO de la MPAA aprovechó la fortísima suma para “enviar un mensaje sobre la ilegalidad de estos sitios”. “La desaparición de TorrentSpy es una clara victoria para los estudios y demuestra que no se dará tregua a dichos sitios piratas y serán demandados ante los tribunales por los titulares de derechos de autor”, indicó Dan Glickman.
El juzgado emitió además un requerimiento judicial permanente contra TorrentSpy, prohibiéndole cualquier actividad que “fomente, promueva, facilite o permita a sabiendas infracciones de archivos con derechos de autor. Un requerimiento sin efecto porque el sitio de intercambio de archivos cerró sus puertas voluntariamente en el mes de marzo alegando dificultades financieras y el deseo de proteger la privacidad de los usuarios.
Los abogados de TorrentSpy calificaron la sentencia de “injusta y draconiana”. La misma no es definitiva y ha sido apelada al Tribunal correspondiente de San Francisco.
vINQulos
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