Bajo la conocida arenga antiterrorista e insistiendo en la necesidad de las fuerzas policiales de conocer las comunicaciones, las operadoras tendrían que conservar todos los datos durante un mínimo de 12 meses. Al menos el acceso a los registros tendrían que ser aprobados previamente por un juez. El ministerio del interior británico prevé ir más allá y en el futuro todos estos datos sean custodiados por el mismo gobierno y no por los proveedores de servicios de Internet y telefonía.
Las críticas no se han hecho esperar y Jonathan Bamford, responsable de protección de datos en el Reino Unido ha advertido “que caminamos sonámbulos hacia una sociedad de vigilancia total del ciudadano. Además, cuantos más datos se recojan y guarden, mayor es el problema si se pierden, se venden o se roban”, dicen.
“Derrotar el terrorismo y la delincuencia es de suma importancia, pero no tenemos conocimiento de necesidad alguna que justifique que el estado guarde las llamadas telefónicas o la navegación por Internet de todos los ciudadanos británicos”, añadió Bamford.
A su vez el portavoz de la oposición denunció que el proyecto “podría ser antes una amenaza que un apoyo a nuestra seguridad”. “Habida cuenta de su terrible historial de pérdida de datos, este Gobierno simplemente no puede ser de confianza para guardar información privada”.
vINQulos
The Inquirer UK
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