El dióxido de carbono como moneda de cambio

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No todos los Estados Unidos defienden la política anti-ecológica de Bush. Diez estados de este país han creado un plan para reducir en un 10 por ciento sus emisiones de CO2 en los próximos diez años.

Con el nombre de Regional Greenhouse Gas Initiative (Iniciativa regional sobre los gases con efecto invernadero), se establece un límite en la cantidad total de dióxido de carbono que los diez estados, como un todo, pueden emitir. A partir de 2009, cada estado recibirá un crédito de emisión máxima para sus plantas de producción eléctrica, y cada planta deberá tener las subvenciones necesarias para no exceder su cuota de emisiones máximas al final de los tres años de plazo.

Las autoridades de estos estados siguen así las políticas emprendidas en la Unión Europea y el sistema de cuotas defendido por el protocolo de Kioto, a pesar de ser Estados Unidos uno de sus grandes ausentes. “Hemos aprendido mucho de los europeos -comenta Judith Enck, consejera de medio ambiente para el gobernador de Nueva York-. Sin embargo, la forma en la que distribuimos las subvenciones es bastante diferente a la manera en la que lo hace la Unión Europea.”

Para el sistema de cuotas y mercado de intercambio de dióxido de carbono, las compañías eléctricas de Europa reciben los créditos directamente y con ellos pueden comerciar entre ellas según sus necesidades. Pero la mayoría de las compañías pasan el coste de los créditos a los consumidores, a pesar de que los reciben de forma gratuita.

Los participantes de Estados Unidos quieren evitar este problema vendiendo algunos de estos créditos en subastas, cuyos beneficios van a parar a los programas de eficiencia energética del estado.

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vINQulos
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