Europa aprueba un dictamen conjunto sobre drones

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Las autoridades empiezan a moldear el marco regulatorio sobre drones.

Las Autoridades europeas de protección de datos han dado luz verde al primer dictamen conjunto sobre drones en el que se analizan los riesgos asociados a la privacidad y protección de datos asociados a los drones.

El texto recoge las obligaciones que deben cumplirse para utilizar un dron en territorio nacional y las recomendaciones de uso, que aluden a todos los actores que participan en la industria: desde fabricantes hasta usuarios, pasando por las autoridades que los usen para el ejercicio de sus actividades.

Según especifica el texto hecho público, el marco jurídico en el que se basa la opinión de las autoridades es el de la Directiva 95/46 en conexión con la Directiva 2002/58 de Privacidad y Comunicaciones Electrónicas. También incluye aspectos de disposiciones legales de sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV, por sus siglas en inglés).

Hay actividades que están excluidas de esta directiva, como puede ser el uso personal y doméstico de los dispositivos, siempre que no incluya monitorización que afecte a espacios públicos.

En cuanto a las obligaciones, será necesaria la permisión específica de las autoridades de aviación civil. También deberá de cumplir los principios de transparencia, proporcionalidad en referencia a la captura de datos y su procesamiento.

En este sentido el documento especifica que el responsable del tratamiento de datos debe estar claramente identificado en cada operación. Si se trata de una autoridad gubernamental quien recoge y procesa datos, debe hacerlo dentro de los fines establecidos en la legislación, matiza.

Las recomendaciones que enumera el dictamen hacen referencia a todos los participantes de la industria de drones, empezando por el diseño del dispositivo. Así, se alude a legisladores, reguladores, fabricantes y usuarios privados y públicos.

El texto traslada la responsabilidad de establecer un marco jurídico adecuado a los estados miembros, como la publicación de información sobre el potencial intrusivo de la tecnología o mapas de lugares donde se permite su uso.

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