Francia aprueba Hadopi 2

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Las autoridades cortarán la red a los infractores, siempre que un juez lo autorice antes.

Con 189 votos a favor, lo que supone más de la mayoría de 166 necesaria, los senadores franceses han dado el sí quiero en la Cámara Alta a la ley Hadopi 2 o Création et Internet, que introduce ciertos cambios en la norma pero que mantiene su espíritu.
A favor votaron el grupo Unión Centrista y el Unión por un Movimiento Popular del presidente de la República, Nicolas Sarkozy, quedándose la izquierda en minoría con el voto en contra.
“Pensamors que el Gobierno apuesta por una ley errónea”, explicaba en los momentos previos a la votación el senador socialista, Serge Lagauche, como recoge la televisión del Senado francés, recordando que durante dos años y medio la Administración Sarkozy ha estado peleando para sacar adelante una norma que se ha encontrado con diferentes problemas.
La posición encontrada del Parlamento Europeo, la votación fallida en primera ronda de la primera norma por la ausencia de los diputados del Gobierno o la caída de la ministra de Cultura, Christine Albanel, por el desgaste que ha supuesto las ideas y venidas de la norma han sido algunos de los problemas que Hadopi ha causado al Gobierno francés. El más importante ha sido, sin duda, el no del Constitucional a algunas características de la norma, lo que ha obigado a Sarkozy a rediseñar la normativa.
La nueva Hadopi ayuda a “clarificar el texto”, según el diputado Michel Thiollière, del partido del Gobierno. Ahora la Alta Autoridad para Internet (el comisionado que da nombre con sus siglas a la ley, Hadopi) no podrá cortar el acceso a la red sin pasar por un juez, el punto que había creado tensión y había anulado Hadopi 1 por inconstitucional, aunque una vez que el magistrado lo autorice podrá tirarse la conexión.
Las multas previstas, como se anunciaba recientemente, estarán entre los 1.500 y 3.750 euros para quienes descarguen contenidos y entre 300.000 euros y hasta dos años de prisión para quienes se lucren con ellos. Estas penas, como explica Michel Thiollière, no irán a los antecendentes penales de los ciudadanos infractores.
Tras el Senado, la norma irá a la Asamblea Nacional el 20 de julio. Si sale aprobada se convertirá en norma, para que así esté operativa en el inicio del nuevo curso, en septiembre.

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