Francia retoma el debate sobre la ley tres avisos

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El debate podría verse afectado por la última recomendación de Europa en contra de este sistema de castigo.

Francia es el primer país europeo que podría aprobar una ley que restrinja el corte en el acceso a la red y podría ser, también, el último. Tras un paro de quince días, los diputados del país vecino retoman hoy el debate en la Asamblea Nacional sobre la ley Création et Internet o Hadopi.
“El acceso a internet no es un derecho fundamental“, apuntaba la ministra de Cultura, Christine Albanel, en una de las últimas sesiones de debate.
El Gobierno francés, responsable de la propuesta legislativa, propugna que la Administración puede cortar el acceso a Internet cuando descubra que se están cometiendo irregularidades en el acceso a contenidos protegidos por la propiedad intelectual, al no considerar la red un elemento más de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Ante esta decisión se posiciona la oposición, la ciudadanía y ahora el Parlamento Europeo, que acaba de aprobar un informe radicalmente contrario a las ideas de la Administración Sarkozy.
Europa sí considera el acceso a la red un derecho básico del ciudadano, al convertir al mundo digital en la clave para la alfabetización del siglo XXI.
“Los gobiernos o las empresas privadas no deben recurrir a la denegación de dicho acceso como medio para imponer sanciones”, es una de las conclusiones del informe del diputado Stavros Lambrindis.
Como apunta una especialista en las implicaciones legales que pueden tener estas medidas, “a día de hoy, el proyecto de directiva y la proposición de recomendación del Parlamento no tienen valor vinculante en el derecho francés y no deben influir en las discusiones que tendrán lugar en la Asamblea nacional”, apunta a Le Point. “Sin embargo, alimentan el debate”.
De hecho, el debate se reiniciará en el punto más complicado dentro de la proposición de ley, el punto 13 del artículo 2, donde se explicita el mecanismo de repuesta graduada como método de control, como recuerda Le Nouvel Observateur.
La respuesta graduada consiste en el envío de dos mails, seguidos de una carta certificada alertando de que se está cometiendo una actividad ilegal y que debe finalizarse la actividad. En caso de que estas medidas no tengan respuesta en el internauta, las operadoras estarán obligadas a cortar el servicio y a introducir los datos del usuario en una lista para que no pueda cambiar de proveedor y continuar accediendo a la red.
El debate continuará hasta el próximo 2 de abril.

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