A partir del 15 de enero las empresas deberán facturar a la Administración General del Estado a través de una única plataforma digital, el nuevo Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas (FACe).
Se trata de una plataforma online que permite presentar cargos ante cualquier órgano estatal y ante las múltiples administraciones regionales y locales que se están adhiriendo a este sistema.
En el pasado ejercicio los proveedores de la Administración General del Estado (AGE) tramitaron alrededor de 2 millones de facturas. A partir del año que viene todas deberán pasar por el FACe.
El Gobierno acaba de iniciar una campaña de difusión sobre la factura electrónica con una sesión informativa celebrada ayer en la sede de la Cámara de Comercio de Madrid, donde los asistentes tuvieron una formación y pudieron conocer el funcionamiento de FACe.
La implantación de la factura electrónica ofrece claras ventajas económicas y de gestión.
Esta permite una reducción del 80% en los tiempos de tramitación. En el caso del papel, cada factura implica un tiempo de trabajo de 17 minutos mientras que el formato electrónico reduce el periodo a solo 3 minutos, según un estudio encargado por el gobierno danés en 2013.
Los ahorros por factura electrónica, según recoge el Plan AVANZA, son también considerables y pueden estimarse en 3,48 euros por unidad. Se distribuyen en 0,70 euros para la entidad emisora y 2,78 euros para la administración receptora.
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