La impulsora del proyecto, la senadora Patricia Saboya, piensa que no y cree que simplemente permitirá que las parejas separadas o divorciadas en la práctica sean “legalizadas”.
Además el proyecto exige consenso en la separación, no varía la Ley de plazos que seguirá siendo de dos años, no abarca a las parejas con hijos menores o disminuidos y seguirá siendo necesario el abogado pertinente.
Las ventajas serían el ahorro de costes y de rapidez en torno del 40 por ciento del tiempo, avanzando en la digitalización de la justicia y evitando “discusiones y enfados innecesarios”, dice la ponente, que agrega que “la realidad del ciudadano del tercer milenio es diferente a la de la primera mitad del siglo pasado, cuando no se podía prescindir del proceso en papel”.
También logra la ISO/IEC 27018 relativa a protección de información personal en la nube.
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