El mayor grupo industrial luso lanza una OPA sobre Portugal Telecom

El mayor grupo industrial portugués, Sonae, ha comunicado el lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre la totalidad del capital de la principal operadora de telefonía lusa, Portugal Telecom (PT), de la que Telefónica es la primera accionista con el 9,96 por ciento.

}Así, Sonae ha remitido un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores Mobiliarios de Portugal en el que precisa que la OPA incluye una oferta de 9,50 euros por cada acción de PT y 5.000 euros por cada obligación convertible.

El Grupo Santander será el intermediario financiero de la operación mediante uno de sus bancos lusos, el Santander de Negocios.

El presidente del grupo, el industrial portuense Belmiro de Azevedo, y su hijo, Paulo de Azevedo, máximo responsable de Sonaecom, división de telecomunicaciones del consorcio, convocaron una rueda de prensa, para dar detalles de la OPA.

Sonaecom gestiona los negocios del “holding” en el mundo de la comunicación y las telecomunicaciones en Portugal, que incluyen el diario “Público” y las operadoras Optimus (móviles), Novis (telefonía fija) y Clix (internet).

Con todo, Sonae pone cuatro condiciones a la operación, tres de las cuales se refieren inequívocamente al cambio de estatutos de PT.

El primer condicionante pasa por la adquisición de un número de acciones equivalente a “por lo menos al 50,01 por ciento del capital social de PT”, se lee en el comunicado. Además, el grupo presidido por el empresario portuense Belmiro de Azevedo quiere la autorización del consejo de PT e insiste en la necesidad de alterar los estatutos de la operadora, “de modo que no quede cualquier límite al recuento de votos cuando éstos sean emitidos por un único accionista, en nombre propio o también como representante de otro”.

Por último, Sonae condiciona el éxito de su OPA a un cambio de los estatutos de PT que supongan la “eliminación de los privilegios inherentes a las acciones de la categoría de A (la acción de oro del Estado) o de su restricción”, que permiten al Gobierno vetar las decisiones del consejo.