Entre las razones de la decisión se enumeran unas cuantas. Para empezar, el centro que se encargaba de desarrollo dependía del gobierno regional extremeño, ahora pasará a gestionarse por el Estado central. En plata, los recortes no permiten pagar a los programadores que desarrollaban LinEx.
Tan sólo un 1% de los ordenadores de la administración pública han hecho uso de LinEx, una cifra muy pequeña si se atienda a los más de 70.000 ordenadores en centros educativos y 15.000 en el ámbito sanitario.
A pesar de que la decisión es definitiva, hay planes para migrar todos los ordenadores que operan con Windows a otra distribución libre. Ubuntu y Debian están siendo considerados como opciones.
Durante mucho tiempo han sido diversas las voces que piden la adopción del software abierto en las administraciones públicas, sobre todo ahora que la crisis económica obliga a efectuar recortes y que existen soluciones de software abierto para resolver la mayoría significativa de las necesidades en TI de una organización.
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