La Cámara Baja del Parlamento francés aprobó ayer una enmienda para imponer sanciones contra las empresas tecnológicas que no proporcionen el acceso a datos cifrados en investigaciones sobre terrorismo.
En virtud de esta enmienda, cualquier empresa de tecnología que no coopere se enfrentará a una multa de 350.000 euros y hasta cinco años de cárcel.
Por su parte, las empresas de telecomunicaciones asumirán multas más pequeñas y hasta dos años de cárcel. Los legisladores han rechazado una propuesta que solicitaba sanciones mayores, incluida la prohibición de ventas.
La enmienda ha sido aprobada como parte de un proyecto de ley más amplio destinado a la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. La Asamblea Nacional votará sobre la ley completa el 8 de marzo, antes de que pase al Senado a finales de mes.
La negativa de Apple a cumplir con una orden del FBI para desbloquear un iPhone utilizado por un terrorista ha agilizado los trámites legislativos en Francia.
El país galo ha expandido drásticamente los poderes de vigilancia del gobierno tras los atentados de enero y noviembre del año pasado. El proyecto de ley debatido esta semana pretende reformar los procesos judiciales para los casos de terrorismo.
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