La comparecencia del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, en el marco del desayuno informativo organizado por Europa Press, ha sido principalmente un balance de año. Mañana se cumple un año desde la constitución formal del gobierno que lidera Mariano Rajoy, un primer ejercicio marcado por la adversa situación económica y las medidas para hacerle frente: reformas y ajustes.
Soria es la cara visible del ministerio que engloba al tejido industrial del país. Como era previsible, ha hecho también referencias a la industria de la información y las comunicaciones. No obstante, los temas relativos a las tiranteces con las eléctricas o el ERE en Iberia han ocupado gran parte de su comparecencia.
El segmento TIC es para Soria un sector “clave”. La “pérdida de peso industrial en los últimos años” en Europa en general y España en particular, ha obligado sin embargo a reducir el dinero destinado a políticas relacionadas. “No nos vamos a engañar”, ha dicho Soria, “no tenemos recursos”.
Los 5.300 millones de euros destinados a políticas relacionadas con la industria el año pasado, este año se reducirán a la mitad; 2.900 millones de euros.
El fomento de políticas sin restricciones
El ejecutivo sustenta en tres pilares sus políticas orientadas a la industria TIC. El denominado Dividendo Digital, la Agenda Digital y la Ley General de las Telecomunicaciones.
El aspecto vertebral de las políticas que quiere impulsar el Gobierno en materia energética y de telecomunicaciones es la de simplificar procesos. La intención es construir un marco seguro que permita aumentar la competitividad y facilitar la accesibilidad a empresas y particulares.
Y esta intención se extrapola a todos los segmentos. También al de las Telecomunicaciones.
Será hoy precisamente cuando el ministro presente ante la Comisión delegada de asuntos económicos la propuesta de Ley General de Telecomunicaciones.
“La ley de telecomunicaciones actual tiene 10 años”, ha recordado Soria, así que el reto es el de “adaptarla a la actualidad”. Esto implica también la construcción de un sistema “más ágil, más seguro y más competitivo” en un marco regulativo “más sencillo, sin restricciones ni intervencionismo”, ha dicho.
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