Aunque la norma mantiene la suspensión del servicio y los internautas serán espiados para comprobar las descargas ilegales, el texto final ha sido ampliamente rebajado por inconstitucional en casi todos sus apartados.
Hadopi, el órgano pretoriano que Sarkozy pretendía elevar por encima del poder judicial quedará como un simple departamento administrativo que comunicará las infracciones y será un juez quien decida e imponga la sanción.
Las sanciones serán graduales con suspensión desde un mes a un año y las sanciones serán aplicables también a la banda ancha móvil. Ante la lentitud de la justicia y el colapso de la misma las 365.000 sanciones anuales se quedarán en un máximo de 50.000.
Total, la norma no conseguirá que se vendan mas CDs de música ni irá más gente al cine, y está por ver como se demuestran las descargas ilegales en muchos casos y como se puede obligar a un ciudadano a seguir pagando por un servicio que le ha sido retirado, como prevé la norma. Seguramente nos espere otro largo debate judicial.
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