La UE también atacará a quienes compartan archivos

Los usuarios de los servicios de archivos compartidos deben temer la
intrusión de la policía en casa desde que ha entrado en vigor un
directiva Comunitaria.

Aunque la Directiva de Cumplimiento de los Derechos de Propiedad

Intelectual de la Unión Europea fue originalmente prevista para luchar

contra la falsificación, los grupos de presión capitalistas dueños de

los derechos de copia han conseguido inclinar la balanza para que al

final se incluyan sanciones por infracciones a los derechos de copia.

El texto final de la ley da a los dueños de los derechos de copia poderes casi

absolutos a la hora de convocar a la policía para que detengan a

individuos que utilicen sitios peer-to-peer.

Bajo estos términos

los estudios cinematográficos y las compañías discográficas podrán

enviar evidencias y perseguir a cualquiera que crean que puede haber

infringido los derechos de copia.

Podrán hacer registros,

secuestrar propiedades y pedir a los tribunales que congelen cuentas

bancarias para proteger los derechos comerciales y la controvertida

propiedad intelectual, que es su materia de mercadería.

Las

últimas enmiendas a la directiva reafirman que la acción no se debería

emprender contra individuos que descargan música de buena fe para su

uso propio. Pero es en última instancia el dueño de los derechos el que

decide la cantidad de buena fe que está utilizando el usuario.

Ian Brown, director de Foundation for Information Policy Research, advirtió

que los poderes dados a la industria son demasiado grandes. Quieren que

se difunda el mensaje de que compartir archivos es ilegal, que lo es,

pero, ¿es lícito dar a los dueños de los derechos de copia el tipo de

poderes que normalmente son administrados por la policía para los casos

delictivos?, comentó.

Aunque la directiva a eliminado

una amplia propuesta para imponer sanciones punitivas a los individuos

que comparten esos archivos por Internet, se deja a las naciones

determinar si se reintroducen las sanciones.

Los miembros tienen

que transponer la directiva a su legislación nacional en un periodo de

dos años.