La vuelta al mundo en 15 leyes antipiratería (II)

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Con el amparo de las archiconocidas SOPA y Ley Sinde u otras como Hadopi, Döring y Urbani, son varios los países que penan con multas monetarias y sentencias de cárcel la descarga ilegal de archivos en Internet.

Italia: Legge Urbani

Otro Ministro, en este caso de la cartera de Patrimonio y Cultura italiana, Giuliano Urbani, promovió en 2004 una ley que lleva su nombre donde, aparte de establecer ayudas para la industria cinematográfica, se castiga con un delito penal a todo aquél que ponga en circulación obras de creación protegidas por derecho de autor y con una falta administrativa a quien las descargue. Más adelante tuvo que ser modificada para sancionar sólo a los individuos que obtuviesen un beneficio monetario “significativo”. Y en estos momentos se barajan tres nuevas propuestas: desenchufar a los infractores de Internet con un único aviso, elaborar listas negras para mantenerlos controlados en el futuro y pedir a los proveedores que retiren contenido ilegal.

México: Ley Döring

Como no hay dos sin tres, el senador del Partido Acción Nacional Federico Döring Casar propuso a finales del año pasado modificar la ley mexicana de derechos de autor y así catalogar como delito comercial el hecho de poner a disposición del público copias de obras, fonogramas, videogramas o libros sin la autorización de sus propietarios. También el hecho de acceder a él. En este sentido, se multaría al titular de la dirección IP infractora mediante la colaboración de las operadoras. Al acusado se le dan tres días para defenderse y justificar que es el dueño de los derechos de autor. De otro modo el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial dictaría sentencia.

Canadá: Bill C-11

La industria discográfica canadiense sigue presionando al Gobierno de su país para añadir una nueva disposición en la ley de derechos de autor C-11 que permita a un juez dictar órdenes de bloqueo de sitios tipo The Pirate Bay con el objetivo de proteger el mercado patrio. No contenta con eso también quiere conferir plenos derechos al poder político para deshacerse de cualquier sitio que induzca a la infracción del copyright e incentivar a las telecos para que penalicen a los usuarios reincidentes.

Nueva Zelanda: Copyright (New Technologies) Act

El país donde residía Kim Dotcom hasta su detención estrenó su nuevo texto contra el intercambio de archivos en verano de 2011. Cualquiera que sea sorprendido compartiendo en la web material que no le pertenece recibe dos cartas de advertencia a través de su ISP. Al llegar la tercera amonestación, los titulares de la obra violada y los catalogados como delincuentes se ven las caras ante el tribunal de derechos de autor del país, que tiene la potestad para interponer pagos máximos de 15.000 dólares (algo más de 11.500 euros) y cortes de conexión durante medio año.

Australia: Copyright Act

La Ley de Propiedad Intelectual (Copyright Act) de Australia fue modificada en 2006 para implementar el famoso sistema de alertas, prohibir la copias para amigos y familiares y endurecer los castigos contra los infractores comerciales, pero las protestas de los usuarios dieron al traste con muchos de los supuestos de responsabilidad objetiva. Por otra parte, no se cobra canon digital y se permite cambiar el formato a las pistas de audio. Esto no ha sido suficiente para que la isla vuelva a estar en el ojo del huracán por su iniciativa para autorizar a las autoridades la suspensión del acceso a la red con el objetivo de prevenir la descarga de contenido protegido.

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